La crisis económica ha generado el descontento social. El desempleo, que entre los jóvenes españoles afecta a más del 50 %, y la disminución de derechos son sólo la punta del iceberg del problema.
Miles de ciudadanos lejos de quedarse con los brazos cruzados se manifiestan, los más recientes han sido los mineros que han tomado las calles de Madrid para protestar por el recorte del 63 % al sector. Y para muchos, la policía ha vuelto a mostrar su peor cara.
Pero desde el sindicato de las fuerzas del orden público señalan a los responsables.
"Nosotros actuamos por indicaciones siempre políticas. Y esas indicaciones políticas deciden si tenemos que ser permisivos o no tenemos que serlo. Y en base a eso actuamos", explicó José María Benito, portavoz del sindicato de la Policía.
Y precisamente el gobierno español ha defendido a capa y espada la actuación de los cuerpos de seguridad. La última protesta que tuvo mayor resonancia en los medios fue en Valencia. Decenas de estudiantes tomaron la calle para pedir mejoras básicas en su escuela. El Ejecutivo se hizo de 'la vista gorda' ante la excesiva respuesta policial y lo que destacó era que la manifestación era ilegal.
"La mayor parte de las concentraciones convocadas en la segunda quincena de febrero en Valencia no cumplía con el requisito legal. Se concluye que no existen elementos para aplicar disciplinarias contra ningún funcionario policial", afirmó Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
Sin embargo, a los miembros de la oposición no les convencieron estos argumentos. "Si no se estaban produciendo daños, si lo único que se estaba haciendo era protestar ¿para qué sacar las porras?”, pregunta Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida.
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