España sin derecho a la justicia universal: el Gobierno, para celebrar su año en el poder, recupera la ley de tasas franquista.
No es sólo la eliminación de los derechos laborales con la Reforma Laboral y la práctica desaparición de la negociación colectiva. Los golpes de Ley del Gobierno han ido mermando las fuerzas de la clase trabajadora, al dar todo el poder al empresario y romper ese frágil equilibrio eliminando toda protección al trabajador. A través del Código Penal han criminalizado la protesta, con multas y penas de cárcel desproporcionadas.
El Gobierno no quiere que tengamos derechos en nuestro trabajo, no quiere que protestemos, no quiere que nos movilicemos para defendernos y, por último, no quiere que hagamos valer la ley frente a quien la infringe conculcando nuestros derechos, ya sea la propia Administración Pública o una empresa, que gozan -a partir de ahora- de privilegios en la aplicación de justicia frente a nosotros. Esta cuadratura del círculo en la devaluación del sistema de derechos ciudadanos de los españoles la consigue el Gobierno con la nueva Ley de Tasas.
Las tasas judiciales tienen una larga historia. Se impusieron en España en 1959 y entonces iban a parar, como complemento del sueldo, a los secretarios judiciales. Aquellas tasas franquistas, que se aplicaban en todos los órdenes jurisdiccionales -salvo en el social y, en algunos casos, en el penal-, las suprimió el Gobierno de Felipe González en 1986 mediante una ley que apelaba, precisamente, al derecho constitucional a obtener la tutela judicial efectiva. La norma recordaba que todos los ciudadanos deben obtener justicia "cualquiera que sea su situación económica o posición social". Una gran conquista y avance democrático que ahora, a golpe de ley de tasas, hemos perdido.
Firma el manifiesto de @facua contra la nueva ley de tasas judiciales.
Porque no quiero una #justiciapararicos
https://www.facua.org/es/camp.php?seccion=25
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