El PP está poniendo el foco en el supuesto acoso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para desviar "de manera miserable" la atención, ya que los que verdaderamente lo están sufriendo son las familias desalojadas de sus casas.
El parlamentario de IU rechazó la "criminalización" que a su entender sufre la PAH. En su opinión, se trata de una estrategia del PP: "primero se criminaliza a la Plataforma y luego se convierte la Iniciativa Legislativa Popular en papel mojado con enmiendas a la totalidad por parte del Gobierno", tras conseguir el mencionado colectivo las firmas necesarias para su tramitación parlamentaria.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha asegurado que "resulta tremendamente censurable que se utilicen hechos tan dolorosos como los vinculados al fenómeno terrorista como fórmula para difamar gratuitamente a quienes expresan su disconformidad con la alarmante situación de los desalojos hipotecarios en nuestro país". El magistrado pide al Gobierno una nueva legislación hipotecaria.
No ha sido casualidad que la polémica de los escraches a diputados del PP realizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) haya llegado justo esta semana. A pesar del anuncio de esta iniciativa hace ya más de un mes, el Partido Popular ha guardado silencio hasta que se acabara el plazo para presentar enmiendas al texto de la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago, la paralización de los desahucios y la creación de un parque público de vivienda destinado al alquiler social.
Todos los grupos parlamentarios, salvo el Popular, se han mostrado de acuerdo con los puntos propuestos por el colectivo antidesahucios. Algunos, como CiU, mediante la no presentación de enmiendas parciales y otros, como la Izquierda Plural, PSOE, PNV, UPyD, Amaiur y el grupo mixto, respaldando los puntos recogidos en la ILP y añadiendo propuestas adicionales para mejorar el texto e incluir en la ley que salga en unos meses la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la cláusulas abusivas de suelo y techo.
Las "medidas de mínimos" que la PAH exige en la ILP ya han sido rechazadas por el Grupo Popular al adelantar que no aceptará la dación en pago universal, una medida que evita que el hipotecado pierda su casa y continúe cargando con una deuda de por vida debido a la caída del precio de su vivienda. En realidad, el Gobierno no va a aceptar ninguna de las peticiones de la PAH.
Es más, haciendo oídos sordos al clamor popular por la ILP, una vez que su mayoría absoluta eche abajo la iniciativa, el Ejecutivo pondrá en marcha la tramitación de su propia ley hipotecaria, que se hará efectiva mediante un decreto ley, fórmula a la que el equipo de Rajoy acostumbra a utilizar desde que accediera a la Moncloa.
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